Hablar de vivienda en Barcelona es hablar de la dificultad de continuar viviendo en la ciudad y de desarrollar un proyecto de vida. Es hablar del acceso a los demás derechos, de bienestar y de calidad de vida, y hasta de cómo nos organizamos como sociedad.
Estamos en un punto de inflexión. Barcelona vive una situación de emergencia de vivienda parecida a la que viven otras ciudades, pero que está marcada por características específicas: una gran demanda -que continúa creciendo- y una oferta de vivienda asequible que aún es insuficiente.
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Además, los precios de los alquileres han ido escalando, hasta un 68% en los últimos diez años, y se ha ido agudizando la desigualdad entre aquellos que disponen de una vivienda en propiedad y aquellos que pagan un alquiler.
El acceso a la vivienda es una de las cuestiones que más preocupa a los barceloneses y las barcelonesas. Y es normal que lo haga, porque hoy ya afecta a todos de manera transversal: según datos municipales, un 75% de los barceloneses podría solicitar una vivienda protegida.
Este contexto nos obliga a actuar de manera estructural y con mirada largoplacista. Por eso, el gobierno de la ciudad hemos presentado una serie de medidas que son fruto de una estrategia global: con respuestas inmediatas y, a la vez, soluciones a medio y largo plazo.
Barcelona está poniendo todos los recursos para ampliar su parque público de vivienda: tenemos 5.000 viviendas en marcha, daremos 3.300 llaves hasta el 2027, y hemos acordado con la Generalitat la construcción de 1.700 viviendas en la ciudad. Además, somos la única gran ciudad de España que está aplicando la regulación de precios del alquiler, que nos está permitiendo empezar a frenar esta escalada.
Estamos haciendo trabajo, pero queda aún mucho por hacer. Por eso, nos hemos puesto manos a la obra para garantizar que los pisos de Barcelona sean para vivir en ellos y para implicar a los privados a la construcción de vivienda asequible.
En los últimos años, hemos conseguido parar el crecimiento de los pisos turísticos de la ciudad, pero en un contexto de falta de oferta de vivienda como el actual creemos hace falta ir más allá. No es suficiente mantenerlos a raya.
Hoy ya es insostenible tener 10.000 pisos en los que se podría vivir dedicados a usos turísticos. La conclusión es sencilla: necesitamos recuperarlos para que se pueda vivir en ellos. Con la falta de oferta que vive la ciudad, no podemos permitir tener todos estos pisos fuera de mercado.
Por eso el gobierno municipal hemos decidido recuperar para uso de vivienda residencial los pisos turísticos. Aplicaremos en toda su capacidad el decreto ley de la Generalitat que regula este tipo de alojamientos, con el objetivo de que en 2029 ya no queden pisos de uso turístico en Barcelona.
Con esta decisión queremos lanzar un mensaje muy claro: a partir de ahora, la oferta turística en vivienda residencial queda supeditada a la vivienda y los pisos son para vivir en ellos.
El segundo gran reto que afrontamos es el de implicar el sector privado a la construcción de vivienda asequible. La medida del 30%, aprobada hace unos años con el apoyo del PSC, no ha producido los resultados esperados. En seis años, la medida solo ha dado ocho viviendas protegidas completamente acabadas.
Eso quiere decir que el 30%, pese a las buenas intenciones, no ha funcionado. Pero sobre todo quiere decir que tenemos que hacer alguna cosa para que funcione, no nos podemos permitir el frenazo de la construcción de vivienda y la rehabilitación. Una buena política únicamente es la que se puede aplicar con eficacia.
En este contexto, el alcalde encargó una propuesta de reforma del 30% a Carme Trilla, que ha coordinado un comité de expertos. La propuesta de Trilla mantiene las posibilidades para aplicar el 30% que ya contiene la regulación vigente, pero las amplía para que los promotores privados o un promotor social construyan, ahora sí, vivienda asequible en la ciudad. Desde ahora trabajan la propuesta con los grupos políticos para aprobarla y acelerar el ritmo de construcción de viviendas asequibles en la ciudad.
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Pero no nos podemos parar aquí. Tenemos grandes tareas pendientes que tendríamos que retomar como la regulación de los hogares compartidos y del alquiler de temporada, pero en todo caso el mensaje y el objetivo están claros: si la vivienda lo condiciona todo, y es evidente que lo hace, hace falta que prioricemos la vivienda.