Tras 20 meses al frente de la Conselleria de Drets Socials y ya en funciones, Carles Campuzano repasa con EL PERIÓDICO su gestión. De aplicarse la nueva financiación en Catalunya, cree que el nuevo Govern podría dar un salto más y tramitar prestaciones sociales sin burocracia. Durante su mandato, cree haber trazado las líneas maestras para afrontar los grandes retos en Catalunya. Reprocha a Junts no haber aprobado la reforma de la ley de extranjería para los menores migrantes y pide a los posconvergentes que no se dejen “contaminar” por el discurso xenófobo de Aliança Catalana.
Hace una semana firmaba el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Generalitat, algo que en 2020 se veía imposible.
La acción política de ERC en el Congreso ha sido la palanca de cambio. En febrero ya teníamos el acuerdo cerrado pero la convocatoria electoral resfrió las ganas del ministerio de hacer la tramitación. Lo hubiéramos cerrado en abril.
“Toca preparar a la Generalitat para crear la ventanilla única. Queremos que el ciudadano pueda gestionar las prestaciones sociales en un mismo lugar”
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¿Y ahora qué?
Toca preparar a la Generalitat para crear la ventanilla única. Queremos que el ciudadano pueda gestionar las prestaciones sociales en un mismo lugar. Tener la Renta Garantizada y la IMV, dos prestaciones de ingresos mínimos, gestionadas por administraciones distintas era una absurdidad, un infierno burocrático para nada eficiente. No es la forma de reducir de forma significativa la pobreza severa.
The acting Minister of Social Rights, Carles Campuzano, in his office last Thursday. / JORDI COTRINA
Pobreza que en Catalunya ha tocado techo.
El desafío para el nuevo Govern es que esta gestión se haga de forma eficaz. A largo plazo, cuando la Generalitat disponga de los datos fiscales de los catalanes tras el acuerdo por el concierto económico se deberían poder asignar estas ayudas de forma automática a quien cumpla los criterios, reduciendo mucho la burocracia. A corto, hay que ir hasta las entrañas del IMV y evitar lo que pasó en Navarra y el País Vasco cuando les traspasaron la competencia.
¿Qué pasó?
Se encontraron un gran volumen de expedientes inacabados. Hay que evitar que este proceso afecte a las personas.
“Cuando gestionemos IMV y RGC, aumentará la cifra de personas que reciben ambas prestaciones”
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Hoy, solo 12.500 personas perciben ambas prestaciones. No llegan al 10%.
Cuando tengamos la gestión crecerá, seguro.
¿Cómo? Ni el IMV ni la RGC llegan al 30% de las personas en situación de pobreza extrema.
Según la Airef, el IMV tiene un potencial de crecimiento muy elevado porque hay más problemas de acceso: la gente no sabe que existe ni cómo hay que pedir la ayuda.
Y esto no ocurre con la renta catalana?
El problema con nuestra renta está en los criterios de regulación y compatibilidad con otras ayudas, como la vivienda o el trabajo. Y sobre todo que hay que aumentar las cuantías.
The acting Minister of Social Rights, Carles Campuzano, in his office last Thursday. / JORDI COTRINA
En su primera entrevista como conseller en EL PERIÓDICO prometió que su prioridad era modificar esta ayuda. No ha ocurrido.
La responsabilidad es del Parlament, porque el Govern no puede modificar una ley sin ponencia parlamentaria. Nosotros preparamos propuestas de consenso a los grupos parlamentarios. A principios de este año podría haberse aprobado. Es imprescindible si queremos mejorar el impacto que tiene esta ayuda en la reducción de la pobreza.
¿La deberían percibir las personas migrantes sin papeles, como se hace en el País Vasco?
Sí, la propuesta de consenso ya definía que determinadas situaciones de irregularidad debían permitir entrar a la renta garantizada. La ley de extranjería contempla ayudas de emergencia social a las personas en situación irregular. Y en esta línea, el Parlament y el Govern deberían afrontar un análisis a fondo de la ley de prestaciones sociales.
“La inteligencia del próximo Govern estará muy vinculada a si continúan desplegando las líneas marcadas en esta legislatura”
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Desde varias instituciones (entre ellas la Sindicatura de Greuges) apuntan que ustedes están revisando expedientes, obligando a muchas personas a retornar las ayudas. Gente que cobraba las dos ayudas pero como las administraciones no hablaban entre sí… los afectados se ven obligados a retornar un dinero que ya no tienen.
Es un problema. Cuando un ciudadano percibe más de lo que la ley permite la Administración tiene la obligación de reclamar y que le devuelvan este dinero. Si no, los funcionarios asumirían responsabilidades patrimoniales.
¿Y no lo pueden arreglar ahora que gestionaran ambas prestaciones?
Con lo que ya se ha hecho, no. Es una injustícia pero estamos sometidos al imperio de la ley. Lo que podremos hacer es interconectar los sistemas de información para que lo detectemos antes.
“Prometí en EL PERIÓDICO que los CAP se harían cargo de las residencias de la tercera edad, y se está haciendo”
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Esta semana presentaban una herramienta de transformación digital para los servicios sociales.
Es la W-Social. Un instrumento de trabajo fundamental que cambiará los servicios sociales porque les conectará con el resto de municipios y con el sistema sanitario. Hemos iniciado iniciativas que darán resultados en los próximos meses y años: la tecnología debe hacer que las políticas sociales lleguen a más gente.
¿Qué balance hace de su gestión?
Positivo, han sido 20 meses de intensidad considerable. Un país que envejece, que no es capaz de reducir la pobreza extrema, que tiene un problema de pobreza infantil. Donde los jóvenes se emancipan muy tarde y con bajas tasas de fecundidad, que expresa este fracaso. Y hemos tomado decisiones a largo y corto plazo.
El riesgo es que, otra vez, terminen en nada. Como la Agencia Social Sanitaria Integrada…
La inteligencia del próximo Govern estará muy vinculada a si continúan desplegando las líneas marcadas en esta legislatura: transformación digital, aplicar la estrategia contra la pobreza infantil, el plan de barrios, continuar con la agencia… También prometí en EL PERIÓDICO que los CAP se harían cargo de las residencias de la tercera edad, y se está haciendo.
The acting Minister of Social Rights, Carles Campuzano, in his office last Thursday. / JORDI COTRINA
Dicen que va por barrios.
Y es verdad. Pero se está haciendo y lo terminaremos este año. Y habrá que rematarlo en 2025 expandiéndolo en el ámbito de la discapacidad. Hemos desplegado las Barnahus y puesto en el centro la atención a los niños víctimas de violencia sexual, hemos subido las tarifas de los servicios sociales y llegado a un acuerdo para subir los salarios de los trabajadores.
¿Y qué le queda pendiente?
La ley de creación de la agencia, que espero que se haga. Estamos en el momento de tomar decisions porque el diagnóstico es ya muy claro.
“Toda inseguridad ciudadana tiene su origen en la inseguridad social. Necesitamos redes de protección”
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¿Y el gran problema, o reto, es toda la gestión de la dependencia?
El nuevo conseller tendrá los mismos dilemas que yo: necesitas más plazas porque hay lista de espera, hay que mejorar los salarios de los trabajadores por justicia y para que no se vayan. Hay que invertir para modernizar las infraestructuras. Y hay que hacerlo todo a la vez, porque demográficamente cada vez serán más las personas que requieran estos servicios.
¿Tiene la sensación que, aunque la competencia es suya, cada ayuntamiento termina haciendo lo que quiere en materia social?
En primer lugar, los ayuntamientos gestionan los servicios sociales por ley, pero están infrafinanciados. Si queremos políticas sociales homogéneas necesitamos más liderazgo de la Generalitat. Y luego está la autonomía local. Es necesaria una estrategia metropolitana sobre el sinhogarismo, más allá de Barcelona, que implique a L’Hospitalet, Cornellà o Badalona.
“Es necesaria una estrategia metropolitana sobre el sinhogarismo, más allá de Barcelona, que implique a L’Hospitalet, Cornellà o Badalona”
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Sí, y hemos puesto más recursos para que los ayuntamientos lo hagan. Pero luego quien lo gestiona son los ayuntamientos.
¿No lo hacen?
Necesitamos un enfoque desde la gestión metropolitana. Nos ha quedado pendiente. La realidad es que estamos 3,2 puntos por debajo de la media de la UE en inversion en relación al envejecimiento y la lucha contra la pobreza. Deberemos invertir más en la Conselleria de Drets Socials.
O en la de Interior.
Toda inseguridad ciudadana tiene su origen en la inseguridad social. Necesitamos redes de protección de servicios, prestaciones económicas que den seguridad a los ciudadanos cuando pierden el trabajo, de no poder pagar el piso, para criar a sus hijos, de hacerte mayor y quedarte solo. La inseguridad social lleva a la inseguridad ciudadana.
“Este mes hemos acogido 200 menores migrantes solos. Venían de otras comunidades. Somos destino y queremos serlo, pero con orden y medios”
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Usted que ha estado negociando con el ministerio los traslados de los menores migrantes en Canarias. ¿Cómo se debe de abordar este tema?
Fue una pena el rechazo de la modificación de la ley de extranjería porque estaríamos introduciendo formas para cuantificar la sobreocupación de los centros, una mayor financiación y hablar de cómo se reconoce la mayoría de edad. Nosotros este mes hemos acogido 200 menores migrantes solos, ninguno pactado con el Estado. Venían de otras comunidades, somos destino. Y lo queremos seguir siendo. Pero con orden y medios. PP, Vox y Junts cometieron un acto de irresponsabilidad.
“Quien practica la xenofobia desde el catalanismo traiciona los ideales de país abierto que nos ha definido”
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¿Ve un cambio de Junts sobre la inmigración?
‘El catalanismo nunca ha sido xenófobo y no puede serlo’, me dijo un día en un acto el president Pujol. Quien practica la xenofobia desde el catalanismo traiciona los ideales de país abierto que nos han definido. Los catalanes somos hijos de inmigrantes. Gracias a ellos somos la nación que somos. Mi abuelo vino de Murcia como el 70% u 80% de personas de este país. Quien lo olvida, traiciona las esencias del catalanismo.
¿Junts está traicionando al catalanismo?
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Espero que no tenga la tentación de dejarse contaminar por quien lo está practicando, que es Aliança Catalana. No tiene nada de catalanista: su ideología se aleja de los ideales del catalanismo, de país abierto y acogedor, de nación de nietos e hijos de inmigrantes.
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