La apelación de Pedro Sánchez a la “federalización”, para encuadrar la financiación singular de Cataluña, ha tensado las costuras ideológicas en las filas socialistas. Si desde Ferraz se defiende que la gestión de todos los impuestos por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña camina en línea con los postulados federales del partido, desde varios territorios consideran todo lo contrario. Este viernes, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, justificaba su oposición al preacuerdo firmado con ERC apoyándose en la declaración de Granada y las referencias a sus postulados en los sucesivos congresos federales. Este documento, promovido en 2013 por Alfredo Pérez Rubalcaba, precisamente para coser las diferentes sensibilidades del partido en materia federal en los albores del ‘procés’, ha servido hasta el último congreso del PSOE para definir su modelo territorial.
“Cuando hablo de Estado federal está la declaración de Granada que es clarísima al respecto”, defendía el también líder de los socialistas asturianos respecto a la posición “común e histórica” del PSOE que rompería según su opinión el pacto alcanzado con los republicanos para la investidura de Salvador Illa. El documento que sirvió de guía para unificar posiciones, entre los más y los menos sensibles a la descentralización, incluyendo al PSC, ahora se ha convertido en arma arrojadiza.
A ello ha contribuido en buena medida que Sánchez enmarcase como “indudable” que el pacto en financiación supondrá dar “un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico”. Frente a ello, un dirigente de uno de los territorios más críticos responde que en ninguna de sus páginas se incluye el término “privilegio”. “Si estuviésemos hablando de plantear lo mismo para todas las comunidades autónomas, entonces sí estaríamos hablando de la declaración de Granada”, añade.
La agitación de este debate, contenido durante más de una década, amenaza con extenderse hasta un próximo congreso federal. Con la renovación de los liderazgos territoriales pendientes, en algunos territorios calculan que se convocaría para el próximo otoño y a partir de ahí se celebrarían en cascada los congresos autonómicos. En Ferraz, con todo, no descartan que pueda irse al primer trimestre del próximo año. Al margen de cuando se celebre, diferentes secretarios generales presionan para que este debate se pueda dar en los órganos internos.
La federación extremeña ha reclamado formalmente que se convoque el Consejo de Política Federal, donde tienen asiento todos los secretarios generales, mientras que desde otros territorios dicen no concebir el escenario de que se cierre la puerta al debate interno. Las diferencias sobre los límites del federalismo coinciden con posiciones distantes entre territorios a la hora de consensuar una reforma del modelo de financiación autonómica.
Principio de ordinalidad
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Lo cierto es que el documento base de la declaración de Granada apunta aspectos a los que se agarran tanto críticos como defensores de la financiación singular para Cataluña. En favor de estos últimos destaca que el texto hace referencia al fundamento jurídico de la ordinalidad para que “la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa de quien contribuye respecto a quien se beneficia”. Precisamente, el acuerdo filtrado por ERC hace referencia a que “la financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad”. “Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden en la escala de lo que reciben”, recoge el texto.
En favor de quienes agitan estos principios para oponerse a la financiación singular, más allá de que la declaración proponía llevarlos a cabo a través del consenso de Estado para una reforma de la Constitución, está el hecho de que consagra “el carácter exclusivamente federal del impuesto sobre sociedades”. Asimismo, y de acuerdo con las previsiones estatutarias, se refiere a la creación de consorcios tributarios “para la mejor coordinación de la recaudación fiscal” entre las comunidades y el Estado. El preacuerdo se refiere a la gestión de todos los impuestos y no a un consorcio mixto entre Generalitat y el Estado, sino a un organismo propio (la Agencia Tributaria de Cataluña).
Armonización fiscal
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La declaración de Granada hace referencia también a la “homogenización en la imposición sobre sucesiones y donaciones para evitar la competencia a la baja entre CCAA y su progresiva desfiscalización”. Para ello se propone “establecer un suelo homogéneo en todo el territorio, dejando un margen a las CCAA para su elevación”. Asimismo, apunta al concepto ‘esfuerzo fiscal similar’, “entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales”.
El acuerdo para la investidura, en cambio, recoge el “aumento sustancial, por parte de la Generalitat de Cataluña, de la capacidad normativa tributaria en coordinación con el Estado y la Unión Europea”. Asimismo señala una modificación de la Lofca para hacer efectivos los compromisos. En este sentido, la declaración de Granada señala en referencia a la ley de financiación de las comunidades autónomas que “debería ser en este contexto una norma de derecho necesario para el desarrollo de lo específicamente dispuesto en la Constitución, adecuando su ámbito de reserva material a las nuevas disposiciones constitucionales, requiriendo su aprobación en el acuerdo del Senado”.
Solidaridad interterritorial
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La aportación o no a la solidaridad interterritorial es la cuestión a la que más se apela desde las federaciones socialistas para posicionarse respecto a la nueva financiación de Cataluña. Entre las pocas concesiones que hizo Sánchez sobre los contenidos del preacuerdo fue destacar que “también que se habla de solidaridad interterritorial”. La mayoría de críticas internas se basan en que se rompe este principio. En la declaración se fija que “debería asegurarse un nivel de los servicios públicos básicos (educación, sanidad, servicios sociales y pensiones), que constituiría, en su caso, un mandato imperativo en la distribución de los recursos públicos del país”.
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El documento pactado con los republicanos hace referencia a que “la Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las demás comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”. Con todo, la clave para medir esta solidaridad interterritorial reside en cómo se traduzca el siguiente punto del acuerdo: “La aportación de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos”.