El Partido Popular ha llevado hasta el Parlamento Europeo la polémica por el reconocimiento como presidente electo del opositor venezolano Edmundo González Urrutia que ha crispado la política española desde que el Congreso sacó adelante con los votos de los conservadores, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria una iniciativa para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a adoptar esta medida. El PP tiene previsto presentar en la Eurocámara una propuesta de resolución tras el debate de este martes sobre la situación en Venezuela y la respuesta de la Unión Europea (UE) que presumiblemente recorrerá en Estrasburgo el mismo camino que en Madrid.
El texto, que se votará en el pleno el próximo jueves, reconoce a González como “el presidente de Venezuela legítimo y elegido democráticamente” e insta a los 27 Estados miembros a hacer lo mismo, además de pedir a la UE que apoye la investigación de la Corte Penal Internacional sobre la represión del régimen de Nicolás Maduro y reclamar una ampliación de las sanciones a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral venezolano. “Estamos con la democracia y con el pueblo de Venezuela”, ha subrayado la eurodiputada y vicepresidenta del grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, durante un encuentro con periodistas en Estrasburgo.
Los grupos tienen hasta las 12 horas de este miércoles para presentar las propuestas de resolución sobre este tema.
La decisión de los conservadores de llevar a votación el reconocimiento del opositor venezolano ha provocado que los socialdemócratas, liberales, verdes y la izquierda se hayan desligado de la propuesta de resolución y hayan abandonado la mesa de negociación, con lo que el PPE necesitará de los votos de los tres grupos de extrema derecha –los Patriotas de Marine Le Pen y Viktor Orbán, los Conservadores y Reformistas Europeos de Giorgia Meloni, y la Europa de las Naciones Soberanas de Alternativa para Alemania (AfD)– para sacar su texto adelante. Juntos suman 375 de los 720 escaños de la Eurocámara. De aprobarse, el PPE se alinearía con la ultraderecha en la primera votación de una resolución de la legislatura.
“Línea roja”
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“Para nosotros el reconocimiento era una línea roja“, aseguran fuentes socialistas en la Eurocámara sobre su postura. Se trata, añaden, de una cuestión de “coherencia con el resto de las instituciones europeas y la comunidad internacional”. Ningún país de la UE ha reconocido a González como presidente electo y del resto del mundo, solo hay dos que han dado este paso: Panamá y Ecuador. Asimismo, los socialdemócratas europeos consideran que debe mantenerse la reclamación al régimen de Caracas de que entregue las actas electorales, por lo que avanzar en otra dirección no tiene sentido en estos momentos aunque haya “indicadores” de la victoria del opositor.
Por último, recuerdan las citadas fuentes, el precedente del reconocimiento del también disidente venezolano Juan Guaidó desaconseja seguir la misma vía. “Aquello fracasó, no logró los objetivos que buscaba, ha dificultado los canales de interacción con el régimen y ha intoxicado las relaciones durante años”, añaden.
Montserrat, en cambio, ha defendido la idoneidad de la resolución conservadora y ha pedido a los socialistas “no hacer el ridículo“. “Hemos visto todos lo que ha dicho Borrell en la Comisión, que Maduro es un dictador”.
Espiral de tensión
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Venezuela se encuentra instalada en una espiral de tensión desde las elecciones del pasado 28 de julio, en las que el Gobierno de Maduro se proclamó vencedor, frente al rechazo de la oposición y buena parte de la comunidad internacional, que exigen al régimen que haga públicas las actas electorales.
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La situación ha experimentado una nueva vuelta de tuerca en los últimos días con el asilo brindado por España a González Urrutia y la detención en Venezuela de dos ciudadanos españoles acusados por Caracas de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de pretender ejecutar, junto a tres estadounidenses y un checo –también detenidos– un complot para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores. El Ejecutivo venezolano no ha aportado ninguna prueba de la supuesta conspiración y España ha desmentido estar implicada en ninguna “operación de desestabilización”.
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