Dado que la ley que, en 1998, determinó que radios y televisiones deben aplicar en sus programaciones un 25% de música en catalán (o aranés) no se aplica, el sector musical ha dejado de ingresar más de 200 millones de euros, nos informa el Anuari de la Música 2024. Para el lector, es posible que la sorpresa sea constatar que una ley aprobada por el Parlament lleve 25 años largos sin cumplirse.
Bien, el CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) ha ido concediendo prórrogas y pactando reducciones. Sí, hay leyes cuya aplicación inmediata resulta poco practicable (¿por qué las aprueban entonces?, habría que preguntarse), y esta ha sido por ahora una de ellas: ese 25% comportaba en su día que muchas radios privadas tuvieran que desviarse de su línea editorial y tal vez alejarse de su audiencia para ajustarse a la ley. Efecto percibido por el CAC, que ha avalado porcentajes muy inferiores (ahora está en el 7,6%). Pero esos acuerdos caducan, y antes del 21 de diciembre este organismo deberá determinar si es la hora de poner o no mano dura. ¿Con sanciones? ¿Solo simbólicas?
No soy un fan de las cuotas, si bien hay que admitir que las consideramos pertinentes en casos como el género. La del catalán es hija de la excepción cultural practicada en Francia (un 40% para la música francófona). A su favor está la vitalidad creciente de la música en catalán (1.023 discos publicados en 2023, frente a los 112 de 1998) y su incrustación en el ‘mainstream’, con rampantes figuras comerciales. Algunas, como Julieta, ya están dando el salto a las ‘majors’. Son competitivas y homologables: el catalán no es solo cosa de ‘aplecs’ folk y cantadas de habaneras (con todo el respeto), aunque todavía haya quien no se da por enterado.
Las dudas me vienen cuando pienso en radios (legítimamente) especializadas en ciertas músicas donde el catalán pesa muy poco: el ‘dance’ electrónico, por ejemplo. ¿Y una emisora no puede especializarse en música latina? Es cierto que, aun siendo privada, la emisora usa una concesión pública. La ley ha contemplado vagamente excepciones que tal vez podrían concretarse.
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Pero es de cajón que las leyes que se incumplen a título crónico son un fraude moral a la ciudadanía, y que esta (presentada en su día por el PSC recogiendo las demandas de la ACIC, la asociación de cantantes en catalán) lleva 25 años de retraso. Si es el momento de discutirla de nuevo, hagámoslo, pero no es mala idea que de vez en cuando el papel y la realidad se ajusten, por aquello del respeto a las instituciones.
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