La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha definido las dos futuras desalinizadoras de Catalunya como “actuaciones de gran importancia”, después del paso dado este martes por el Consejo de Ministros. El Gobierno ha aprobado la modificación del convenio de gestión de Acuamed, la empresa estatal de aguas, para que se construyan ambas plantas y luego se cedan a la compañía ATL (Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat), titularidad de la Generalitat de Catalunya.
Según Ribera, la primera desalinizadora en acometerse, porque cuenta con “un estado de tramitación más adelantado”, será ‘Tordera II’, en Blanes, una planta que servirá como ampliación de la actual desalinizadora existente. Producirá 60 hm3, el triple de agua de la que genera a día de hoy. Esta cantidad equivale a la capacidad del embalse Darnius Boadella, en el Alt Empordà, que se encuentra al 22,7% de su volumen máximo. Meses atrás, después de una reunión entre la ministra y el conseller David Mascort, se anunció que la desalinizadora de la desembocadura del Tordera estaría lista en 2029.
No obstante, Ribera ha afirmado hoy que podría terminarse a finales de 2028: “La Generalitat ya ha avanzado ya en el desarrollo del proyecto y en la puesta a disposición de los terrenos”. Esto, a priori, debe agilizar los próximos trámites. El primero de ellos será la licitación, que según la ministra, será “inmediata”.
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Esta infraestructura tendrá la capacidad de abastecer de agua tanto a las comarcas de Girona como a la región metropolitana de Barcelona. Sobre el papel, ha de servir para continuar reduciendo el trasvase de agua del Ter hacia Barcelona y así blindar el caudal ambiental del Ter.
La otra desalinizadora pendiente es la del Foix, entre Cubelles y Cunit. Esta segunda planta, cuya ejecución está prevista para finales de 2028 o principios de 2029 si no hay cambios, será la segunda que se construirá y podrá suministrar agua tanto a las comarcas de Tarragona como a las de Barcelona.
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La inversión total asciende a 513 millones de euros: 223 para la del Foix y 290 para la de Tordera. Las plantas se financiarán con fondos europeos en concepto de créditos que deberán devolverse. Es decir, acabarán sufragándose con los impuestos de los ciudadanos.