En plenas negociaciones entre el PSC y ERC para la investidura, el Gobierno se apresura en saldar deudas pendientes con la Generalitat. La primera de ellas tiene que ver con avances en la densa carpeta de Rodalies, una de las cuatro que, como ha publicado EL PERIÓDICO, están en el foco de los compromisos que los republicanos exigen a la Moncloa que cumpla como requisito previo para alcanzar un acuerdo que le permita a Salvador Illa convertirse en president. En concreto, se ha empezado a poner fechas al traspaso de líneas y desencallado alrededor de 400 millones para reforzar la financiación de la red ferroviaria, cuyo traspaso a la Generalitat con la creación de una empresa mixta fue una de las principales cesiones que hizo el PSOE a cambio del ‘sí’ de ERC a la investidura de Pedro Sánchez.
Según lo acordado durante la segunda reunión de la comisión de seguimiento del traspaso de Rodalies entre el Ministerio de Transportes y el Departament de Territori, que se ha celebrado en formato telemático, la R1, la línea del Maresme, empezará a transferirse en enero de 2025, mientras que antes de finales del año que viene se tramitará el de la R3 entre El Papiol-Hospitalet-Vic y Puigcerdà y la R2 entre Sant Vicenç de Calders y Barcelona. Antes del 31 de diciembre debería estar lista toda la documentación y análisis técnico de las tres líneas. Fuentes del Govern aseguran que también se plantea el traspaso de dos líneas más que hasta ahora no estaban dentro del pacto: la R4, entre Sant Vicenç de Calders y Manresa, y la R16, que conecta Barcelona con Tortosa y Ulldecona.
Reforzar la financiación de la red
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No solo se ha avanzado en la concreción de fechas, sino que también se ha alcanzado un “principio de acuerdo” para reforzar la financiación de la red ferroviaria catalana. La cifra no se ha concretado aún porque ha ido oscilando durante meses y debe aprobarse en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros, aunque se trata de alrededor de 400 millones, una cantidad que debería quedar definida en los “próximos días”. Se trata de una cuantía que corresponde al traspaso de los fondos necesarios para cubrir el déficit de explotación del servicio en 2023, el pago de la deuda del Plan de Acción entre 2016 y 2023, los nuevos servicios de Rodalies Lleida y los planes alternativos de transporte.
Más inconcreción todavía hay sobre cuándo estará lista la empresa pública de gestión mixta pero con presidencia -y, por tanto, mayoría- de la Generalitat que deberá substituir a Renfe para prestar el servicio de Rodalies. “Se están dando los primeros pasos en la definición de los elementos substanciales como paso previo para poder determinar su forma jurídica”, sostienen desde el ministerio. La Generalitat, por su parte, está trabajando en una propuesta inicial de estatutos que debería estar acabada en octubre, con la duda en estos momentos de si ya habrá o no un nuevo ejecutivo.
El Govern de Pere Aragonès ha convertido Rodalies en buque insignia de su mandato -y de sus campañas electorales- denunciando el déficit de inversión y la acumulación de incidencias y retrasos diarios también durante el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que la parte estatal replica que desde que el PSOE está en la Moncloa se ha acelerado el ritmo de las inversiones. Antes de irse del Palau de la Generalitat, el ejecutivo de ERC quiere poder exhibir que el traspaso está encauzado y que el pulso en este flanco da frutos.
A la espera de saldar más deudas
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El cumplimiento de lo firmado con anterioridad es una reclamación que los republicanos han puesto sobre la mesa de los socialistas para poder encauzar un pacto para la investidura de Illa que pivota, sobre todo, sobre si se arranca un modelo de financiación singular lo suficientemente ambicioso para Catalunya. “Hemos fiado demasiado”, aseguran fuentes de la cúpula de ERC, que constatan cómo su militancia, que deberá rubricar cualquier alianza, manifiesta “escepticismo” sobre las concesiones y el cumplimiento de las promesas que puedan hacer el PSC y el PSOE.
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Durante la semana que viene y con la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, al mando de la negociación con el PSC ya con reuniones presenciales desde su regreso a Catalunya, también se esperan progresos en otras carpetas. Por un lado, en materia de investigación, con los 150 millones anuales para un fondo específico vía presupuestos generales del Estado incluido en el pacto de investidura de Sánchez. En cola está también el traspaso del ingreso mínimo vital, que se arrastra desde el acuerdo para prorrogar el estado de alarma durante la pandemia en mayo de 2020, y la condonación de los 15.000 millones de deuda del Fondo de Liquidez Autonómico, que el Gobierno está dispuesto a hacer extensivo a otras autonomías.