El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rubricado este martes en los jardines de Moncloa el acuerdo para una nueva reforma de las pensiones alcanzado con patronal y sindicatos. La firma de este martes ha escenificado el consenso cerrado el pasado 31 de julio por el equipo negociador de la ministra Elma Saiz, cuya reforma ahora debe enfilar la senda parlamentaria, en la que no tiene por el momento los apoyos necesarios asegurados para prosperar.
Esta última reforma de las pensiones pretende ampliar y flexibilizar las fórmulas para compatibilizar el empleo con el cobro de una prestación por jubilación, así como cambiar las condiciones para el acceso a la jubilación parcial, adelantándola en el caso de las personas con más años cotizados y asegurando unos relevos con contratos indefinidos, entre otros.
La reforma, que supone mejoras para los trabajadores que quieran ampliar sus carreras profesionales sin por ello restringir el acceso a la jubilación de aquellos que no quieran hacerlo, incorpora algunos elementos polémicos a ojos de varios de los partidos políticos del bloque de la investidura. Lo que, a día de hoy y a la espera de las negociaciones entre el Ejecutivo y los distintos grupos, dificulta el éxito parlamentario de la reforma. Esta será tramitada como proyecto de ley y durante su curso parlamentario podrá ser sujeta a modificaciones.
Medidas incorporadas en el pacto como un mayor protagonismo de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en el tratamiento de las bajas médicas de origen traumatológico incomodan a partidos como ERC, EH Bildu o BNG, tal como exteriorizaron en la última sesión parlamentaria de la Comisión del Pacto de Toledo.
Sánchez, en una escueta declaración institucional sin preguntas desde los jardines de la Moncloa, ha cuarto celebrado el que es el “cuarto acuerdo” en materia de pensiones alcanzado en el seno del diálogo social desde que él es presidente. Dos de ellos de carácter tripartito y otrs dos únicamente con los sindicatos, pues la patronal CEOE decidió desmarcarse de estos dado el aumento de costes laborales derivado del aumento de las cotizaciones sociales, que en parte entraron en vigor el año pasado y la otra parte entrará en vigor el año próximo.
Pendientes de la reducción de jornada
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También ha celebrado que representa el acuerdo social número 21, según ha contabilizado, desde que entró a Moncloa en 2018. Entre los que se cuentan los acuerdos para los ertes durante el covid y sus sucesivas prórrogas, así como la reforma laboral de 2021, entre otros. Está por ver todavía si la nueva reforma en materia de trabajo prevista para esta legislatura cuenta con el apoyo tripartito o bipartito: la reducción de la jornada laboral.
Este mismo miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene prevista una ronda de contactos en Barcelona con las patronales y sindicatos más representativos, durante la que espera acercar posturas con las asociaciones empresariales. Reacias estas hasta la fecha a dar su beneplácito a una medida que les supondrá mayores gastos.
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La conclusión de esta negociación deberá esperar algo más, ya que el Ministerio de Trabajo ha pospuesto al martes 24 de septiembre la reunión que tenía prevista sobre este tema para este jueves. Fuentes consultadas del diálogo social afirman que todavía no han recibido la propuesta escrita que les prometió el Ministerio para avanzar en la negociación.
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