Un año y medio desde el ‘cerrojazo’ del centro comercial Llobregat Centre, en Cornellà de Llobregat, ha debido transcurrir para que se empiece a esclarecer el futuro de un enclave urbanístico privilegiado con una superficie de 35.000 m2 en la gran ciudad catalana.
Después de meses de tensas negociaciones entre los propietarios minoritarios y el mayoritario, el fondo de inversión inmobiliaria Comercial Inversora Cornellà Sur SL (CICS), que tras la compra de locales comerciales amasa ya la práctica totalidad de la propiedad privada del centro, ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Cornellà para impulsar la transformación del sector.
El desarrollo urbanístico se caracterizará por la creación de una zona central de zonas verdes así como de nueva vivienda (unos 120 pisos, según la previsión) cuya promoción inmobiliaria el consistorio ha condicionado, siguiendo las prescripciones legales aplicables, a incluir un mínimo del 40% de vivienda protegida. A su vez, la nueva zona pasará de unos 9.000 m2 de zona verde a unos 18.000 m, el doble, y en ella se destinarán equipamientos a alquiler social y una última zona a una residencia de estudiantes.
Estos son los términos en los que queda suscrito el acuerdo de intenciones entre CICS y el Ayuntamiento de Cornellà (gobernado por PSC con mayoría absoluta y ‘Comuns’), al que sociedad y administración han llegado tras conversaciones durante los últimos meses, apuntan fuentes municipales de Cornellà, “con la voluntad de fijar las bases que permitieran, en un marco de colaboración estable, garantizar un proyecto viable para desarrollar y atender a las necesidades comunitarias de la ciudad”. El pasado 21 de mayo, el consistorio únicamente explicaba a este diario que CICS había comunicado que haría una propuesta, sobre la cual “todavía no sabemos qué quieren hacer”, agregaban fuentes municipales de Cornellà.
El contenido específico del mencionado acuerdo, al que ha dado luz verde el Pleno municipal de Cornellà de manera unánime (con el voto favorable de PSC, ERC, ‘Comuns’, PP y Vox), es la voluntad conjunta de CICS y el consistorio para iniciar una modificación puntual del Plan General Metropolitano, en el área conocida como Can Trabal, por tal de dar comienzo al procedimiento administrativo que culminaría con la recalificación urbanística de la zona y su posterior desarrollo. El plazo hasta la aprobación definitiva puede alargarse hasta un máximo de cuatro años. Técnicamente, el Pleno cornellatense ha aprobado un documento denominado ‘avance de la modificación puntual del Plan General Metropolitano en el Entorno de Can Trabal’, que será sometido a información pública los próximos días.
“Nuestra intención es aprovechar una oportunidad para la ciudad: derribar todo el edificio, ‘parking’ incluido, y desarrollar vivienda en el contexto de emergencia habitacional”, ha afirmado durante el Pleno Antonio Balmón (PSC), alcalde de Cornellà, que asimismo ha admitido que “probablemente no sea el proyecto que nos gustaría, pero como no tenemos dinero para financiarlo dependemos de los recursos de un privado”, en este caso CICS —tildado de “fondo buitre” por la edil Raquel Albiol (ERC)—, ha apuntado Balmón.
Según ha ratificado el teniente de Alcaldía Antonio Martínez (PSC), el documento suscrito prioriza el sector “como una zona beneficiosa para ciudadanía, garantizando la creación de un área central de zonas verdes, la ampliación de los equipamientos y servicios, así como la existencia de oferta de vivienda pública, desde una perspectiva urbanística equilibrada, teniendo en cuenta que se encuentra en un espacio de acceso a las grandes infraestructuras de movilidad en transporte público”, como la carretera de Esplugues, la estación de Rodalies de Cornellà o la la línea 5 del metro de Barcelona (estación Cornellà Centre), tal y como puede comprobarse en la ubicación del siguiente mapa.
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El contexto del ‘caso Llobregat Centre’
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El ‘caso Llobregat Centre’ se remonta a las Navidades del 2022, cuando el emblemático centro comercial inaugurado en diciembre de 1994 anunció su cierre por desacuerdos económicos en el seno interno de la propiedad del complejo. Poco después llegó la acción judicial de la que ahora desisten los propietarios minoritarios. En en su comunicado, el Ayuntamiento de Cornellà ya expresó su “inquietud por el desconocimiento sobre cuáles son las intenciones detrás de la decisión” del cierre, apuntando hacia la enigmática voluntad de CICS.
Meses después, este diario sacó a la luz cómo nuevos impagos de grandes propietarios, concretamente de CICS —con un 50,05% de la propiedad en aquel momento— y Joparny SL (23%), que fue posteriormente adquirida por Hawkins Retail Properties SL y después por la propia CICS, asfixiaban a los pequeños comercios del extinto comercial.
Ya en aquel momento, los comerciantes consultados por este diario ya avanzaban que los repetidos impagos se contextualizaban en una “operación orquestada” por el propietario mayoritario para depreciar los locales comerciales y acabar comprándolos a precio de saldo.
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Uno de los damnificados, Fernando Pérez, propietario del restaurante-cervecería El Coto, se sinceró con este periódico sobre la peor época de su vida y dio su visión sobre un sombrío ‘cerrojazo’ que hirió de bala a una cuarentena de negocios locales como el suyo. “Me han jodido mucho. Pero mucho. Con el cierre he perdido entre unos 60.000 € y 80.000 €, tranquilamente. He estado con depresión y ansiedad y el tema ha tenido también afectación familiar. Ahora, por suerte, con la reapertura del nuevo El Coto estoy empezando a resurgir de mis cenizas y volver a sobrevivir”, afirmó Pérez durante el encuentro con este diario.
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