La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) sostiene que las pymes serán las más afectadas por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales -sin recorte del salario- que quiere aplicar el Gobierno. Cepyme calcula que la reducción de jornada a 37,5 horas afectará, en mayor o menor medida, a tres de cada cuatro asalariados (unos 13,5 millones de trabajadores) y cifra en unos 42.400 millones de euros los costes directos e indirectos que tendrán que encajar los negocios para atender esa exigencia legal en 2025, según planea el Gobierno.
Así figura en el informe ‘Impacto de la reducción de jornada laboral en la pyme’ que ha elaborado el servicio de estudios de Cepyme y que se ha hecho público este lunes, coincidiendo con la convocatoria de una nueva reunión negociadora entre Gobierno, patronal y sindicatos sobre el recorte del tiempo de trabajo. Cepyme denuncia que “la baja productividad, los menores recursos organizativos y la menor presencia de convenios de empresa hacen más vulnerables a la pyme ante la decisión recortar la jornada a 37,5 horas”.
El presidente de CEOE (donde está encuadrada Cepyme), Antonio Garamendi, dijo el pasado jueves que “las pequeñas empresas no podrán aguantar el tirón de la reducción de jornada”. Más del 95% de los asalariados de comercio, hostelería, actividades inmobiliarias y agroganadería trabajan más de 37,5 horas a la semana.
Reunión negociadora
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Las patronales CEOE y Cepyme rechazan el planteamiento que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha puesto sobre la mesa para pasar de la actual jornada legal máxima de 40 horas a la semana a 37,5 horas a partir del próximo 1 de enero, tal como figura en el borrador del proyecto de ley que ha hecho circular el Gobierno. El Ministerio de Trabajo lanzó un ultimátum a la patronal, instándola a llevar a la reunión de este lunes una propuesta escrita para negociar la jornada y dejando en el aire que, de no ser así, el Gobierno se propone seguir adelante con una nueva regulación pactada exclusivamente con los sindicatos. Fuentes de CEOE han confirmado a EL PERIÓDICO que su intención es no atender esa exigencia del Gobierno; señalan que sus argumentos ya han sido expuestos en la mesa de diálogo; asumen que el Gobierno ya ha decidido avanzar en la línea del borrador puesto en circulación; e interpretan que el escrito que se les exige podría acabar siendo instrumentalizado en su contra por parte del Gobierno.
Lo que sí ha hecho la patronal, es calcular los perjuicios que una reducción de jornada no pactada tendría en las empresas y, de forma particular, en las pymes, para ponerlo encima de la mesa de negociación de este lunes. CEOE y Cepyme abogan por avanzar en la reducción de jornada como se ha hecho hasta ahora, por la vía de la negociación entre patronal y sindicatos de los convenios colectivos, para ir adaptando el tiempo de trabajo a la actividad y la productividad de cada sector o empresa. Para el caso de que el Gobierno tire adelante con la reducción por ley de la jornada, los empresarios rechazan que ya el 1 de enero de 2025 se implanten las 37,5 horas y sugieren una fórmula de transitoriedad, de modo que se pudiera ir atendiendo el mandato legal a medida que se vayan renovando los convenios colectivos.
Informe sobre los impactos
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A partir del Registro de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, Cepyme constata que la jornada laboral en España ha bajado de las 40 horas semanales en que se situaba en 1983 a las 38,3 horas actualmente, “una reducción del horario que ha sido fruto de la negociación colectiva y de la capacidad que ésta da para adaptar las condiciones del trabajo”, señala el informe. En particular, en el caso de los convenios de empresa, la jornada semanal media se sitúa en las 37,2 horas.
Sin embargo, se subraya que la jornada semanal es muy dispar entre los diferentes sectores y tipos de empresas. El Informe señala que tres de cada cuatro trabajadores (el 75%) cubiertos de forma directa por convenios colectivos (en torno a 8,8 millones de asalariados) tienen una jornada superior a las 37,5 horas. Si este porcentaje se extrapola a la totalidad de los trabajadores, el número de afectados por la reducción de jornada podría superar los 13 millones, según el criterio de Cepyme.
En particular, las jornadas más largas afectarían al 8% de los trabajadores, que son los que trabajan más de 39,5 horas, y estos se concentran sobre todo en las ramas de información y telecomunicaciones, transporte y almacenamiento, comercio, hostelería e industrias extractivas.
Costes directos e indirectos
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Los cálculos de Cepyme -a partir de los datos del Registro de Convenios Colectivos- llevan a estimar que una reducción no negociada del tiempo de trabajo manteniendo los salarios conllevaría un coste directo de 11.800 millones de euros, debido a las horas que se dejarían de trabajar (el 2,8% de todas ellas). A este coste directo añade Cepyme los indirectos, en términos de afectación a la producción, nuevas contrataciones y pago de horas extra, entre otros, pero también puede derivar en el cierre de pequeñas empresas que se encuentran en una situación ya vulnerable. Cifra en 30.600 millones esos costes indirectos. En total, el impacto económico ascendería a 42.400 millones, según Cepyme.
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Los sectores más afectados en términos de asalariados concernidos serían los de actividades inmobiliarias, hostelería, agroganadería y comercio. En el otro extremo, los sectores con menor porcentaje de trabajadores que verían reducida su jornada con la nueva regulación serían los de las administraciones públicas, finanzas y seguros y educación.